El desafío no sólo son las inversiones sino también generar certezas en los territorios y su gente


En seminario organizado por Valor Minero y CEP.-

El desafío no sólo son las inversiones sino también generar certezas en los territorios y su gente

  • Álvaro García: “Es importante distinguir el diálogo de la agilización de los trámites. Son funciones distintas y requieren instituciones distintas”.


Santiago, 12 de junio de 2018.-“Tenemos el gran desafío degenerar un nuevo trato para que los proyectos de inversión se transformen en crecimiento inclusivo y sostenible, y que deriven en confianza tanto a los inversionistas como a los ciudadanos”, sostuvo el presidente de Alianza Valor Minero, Álvaro García, en el contexto del seminario “Diálogo Territorial: concretando proyectos de inversión”, actividad organizada por Alianza Valor Minero y el Centro de Estudios Públicos, CEP.

En el seminariose presentó tanto la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía, como el diseño de política pública para una Institucionalidad de Diálogo Territorial, propuesta de Valor Minero que regula la relación entre el Estado, las empresas y la comunidad en torno a los grandes proyectos de inversión, y que será entregada en el mes de septiembre al Ejecutivo.

El ministro de Economía, José Ramón Valente, se refirió en detalle a la oficina GPS. Sostuvo que la iniciativa de la actual administración va en directo beneficio de la reactivación de las inversiones del país, en concreto unos US$69 mil millones y la generación de 265 mil puestos de trabajo.

“Necesitamos gestores de proyectos que sean promotores; que piensen sus proyectos desde un punto de vista sustentable y amistoso con las comunidades en las cuales se insertarán”,dijo el secretario de Estado. Añadió que la intención de la oficina es coordinar eficientemente la tramitación de los permisos a los proyectos de inversiones, y en ningún caso bajar los estándares medioambientales

Agrego que la idea de la creación de una oficina de grandes proyectos es amplia, ya que estuvo presente en los diferentes programas de los candidatos presidenciales del último proceso, y fue parte del trabajo en diferentes entidades, entre ellas, Alianza Valor Minero.

En tanto, el presidente de Valor Minero, Alvaro García fue enfático en afirmar que la propuesta gubernamental en torno a la gestión de proyectos (GPS) debe incorporar más activamente el componente del diálogo, asegurando así una mayor participación del territorio y de quienes los habitan. “La iniciativa del gobierno está bien, pero nuestro reto va más allá. El desafío no soloson las inversiones, es la inserción adecuada al territorio y su gente; y con ello mejorar la calidad de los proyectos de inversión. Se trata de un doble desafío”, enfatizó.

En su exposición, García sostuvo que “si el atributo único de la oficina GPS es pro inversión, eso genera resquemor en parte de la ciudadanía”.Precisó que “es importante distinguir el diálogo de la agilización de los trámites. Son funciones distintas y requieren instituciones distintas”, dijo.

García también se refirió al proyecto de modificación del SEIA, planteado por la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos. Resaltó que los cambios deben ser más profundos, incorporando una institucionalidad de diálogo permanente durante todo el ciclo de vida del proyecto, estableciendo un proceso transparente, efectivo y en igualdad de condiciones, que conducirá efectivamente al desarrollo territorial.Añadió que la institucionalidad tendrá por objeto asegurar la inserción sostenible -en términos económicos, sociales y ambientales- de los proyectos de inversión en los territorios.

La actividad contó también con la exposición del jefe de la Oficina de Grandes Proyectos de Canadá, Samuel Millar, quien se refirió a la experiencia de dicho organismo, el cual sirvió de inspiración al trabajo realizado por la comisión creada hace dos años atrás por Valor Minero y que planteó la creación de una institución del sector público, encargada de coordinar la evaluación de los proyectos de inversión, permisos ambientales y sectoriales a fin de reducir los tiempos de los procesos y fortalecer el cumplimiento de los estándares.

Millar sostuvo que la experiencia canadiense no es pro-inversión. Indicó que, aunque no está entre sus objetivos, se ha logrado reducir de cuatro a dos años la tramitación. Recalcó que el fin de la Oficina es “generar predictibilidad, claridad y la coordinación de los permisos que necesitan los proyectos”.

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