Institucionalidad de Diálogo Territorial

Por Joaquín Villarino
Presidente Ejecutivo del Consejo Minero

No obstante que al inicio tuvimos profundas discrepancias y diversidad de opiniones acerca de los contenidos de una política pública sobre diálogo territorial, todos los que participamos estuvimos de acuerdo en que la forma elegida para su diseño era la correcta. Me refiero, de manera muy especial, a la participación multisectorial, caracterizada por un intenso trabajo, serio, alejado de eslóganes y lugares comunes y con asesoría técnica especializada. Todos buscábamos, honestamente, hacer un aporte a la solución de uno de los graves problemas que han estado aquejando el desarrollo del país: la ausencia de una institucionalidad moderna que canalice y regule la participación ciudadana en la evaluación y seguimiento de proyectos de inversión relevantes. 

Esta propuesta de política pública nace de un diagnóstico, elaborado por más de un año a iniciativa del expresidente Lagos, quien con visión sugirió que se estableciera la forma y condiciones en las que se debería desarrollar la actividad minera en Chile. Ese diagnóstico, acordado por representantes de diversos sectores de la sociedad chilena, motivó que la expresidenta Bachelet instruyera la formación de una comisión de alto nivel para que elaborara los lineamientos de políticas públicas que contribuyeran a dar solución a los desafíos que se habían identificado, todo lo cual quedó plasmado en el documento “Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile”. Una de las políticas públicas sugeridas fue la de una institucionalidad de diálogo territorial, a cuya elaboración se ha abocado Alianza Valor Minero durante prácticamente dos años. 

La relevancia y pertinencia de la política pública que se propone radica en la línea de desarrollo que persigue Chile desde hace algunas décadas: uno que no puede prescindir de los grandes proyectos de inversión, pero que tampoco puede conformarse solo con el aporte económico que representan en términos tributarios o de ingreso de divisas. La institucionalidad de diálogo territorial propuesta va en la línea de un desarrollo sostenible, basado en sus tres pilares fundamentales: crecimiento económico, protección del medio ambiente y desarrollo social. Estamos profundamente convencidos de que si falta alguno de estos, no estamos frente a un desarrollo sostenible. 

En la propuesta de Institucionalidad de Diálogo Territorial coexisten elementos que abren una discusión muy enriquecedora para Chile y su futuro. Desde la industria minera nos parece que se genera una instancia de conversación indispensable para el desarrollo de los grandes proyectos que tiene el país entre sus manos e invita al Estado a convertirse en el garante final de la implementación de la iniciativa. Si bien varios ministerios han estado presentes en la discusión, nos parece que el Estado estará en deuda hasta que se convierta en una política pública. El gobierno del Presidente Piñera tiene una oportunidad única para consolidar un trabajo que tiene el aval de dos expresidentes de la República y el serio compromiso de una instancia multisectorial representativa de la sociedad chilena.

Columna publicada por El Mercurio el 26 de noviembre de 2018